Por el patrimonio cultural de Buenos Aires

Cómo sigue la aventura
Una fiscal se pronuncia sobre Montevideo 1244, un subsecretario se enoja –pero no despierta– y crece el debate en la Legislatura sobre los proyectos para frenar la piqueta. Tiempos interesantes.

Por Sergio Kiernan

El tema patrimonial sigue dando que hablar en un ámbito habituado a ningunearlo, como es el de la política. Por un lado, crece el quórum para proteger el edificio de Montevideo 1244/1250 por vía judicial y por vía legislativa. Por otro, sigue la pelea política por declarar la emergencia patrimonial en la ciudad y proteger activamente un sector de la ciudad. Mientras, se enojó un funcionario y ya está asomando en la futura administración del PRO el clásico de los clásicos: Planeamiento versus Cultura.
Como se sabe, el estupendo petit hotel de los Bemberg en Montevideo frente a la plaza Vicente López iba a ser demolido de apuro cuando los vecinos de Basta de Demoler frenaron la obra con un rápido amparo judicial. El juez Gallardo, igual de rápido y con mucho rigor, hizo lugar y mandó a poner custodia policial (de la comisaría 17, que parece que le está empezando a tomar el gusto a la tarea de cuidar el patrimonio) no sea cosa que se demuela a escondidas.
El amparo fue apelado también rápido por un actor que no debería haberse metido en el tema, el procurador porteño, que por razones cabalísticas parece creer que el amparo lesa a los vecinos y no apenas a la empresa demoledora, que también apeló pero después. El caso, entonces, pasó a la Cámara, que estuvo recogiendo opiniones sobre el edificio y su posible destrucción. Como en todas las cosas de ley, una de las opiniones más esperadas era la de la fiscal de la Cámara, Daniela Ugolini. La letrada se pronunció en un escrito (ver recuadro en la página 3) donde cita antecedentes similares de obras demoradas por amparos, explica las partes relevantes de la Constitución porteña y pone el dedo en el centro al explicar que una demolición es “irreparable”. Por tanto, la doctora Ugolini recomienda que el amparo se sostenga hasta que se decida si el bien es o no es catalogado.
EL TRAMITE
¿En qué anda ese ya famoso trámite? Navegando, pobrecito, en las contradicciones del anómico gobierno Telerman.
Por un lado, esta semana la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la ciudad le giró a la Legislatura su informe de catalogación del edificio en cuestión, que tiene fecha de casi dos semanas después de que se autorizara la demolición (lo que bien podría ser el mismo colmo de las contradicciones). Aun así, el completo informe termina recomendando un grado máximo de protección, algo que ni siquiera se habían animado a pedir en el proyecto de catalogación en la Legislatura.
Por otro lado, está el rol del funcionario enojado, el subsecretario de Planeamiento del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas también de la ciudad, el arquitecto Mario Sabugo. En nota enviada a m2, Sabugo dice “que la autorización de demoliciones no se halla entre las incumbencias de la Subsecretaría de Planeamiento a mi cargo (dentro del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas), sino de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (que corresponde al Ministerio de Gobierno). Por tanto, mal puedo yo haber autorizado esa demolición ni ninguna otra; ni siquiera recibo solicitudes de ese tenor. Entonces no puedo actuar en este aspecto, cómo se permite decir Ud. livianamente, con ‘premeditación y alevosía’. En segundo término, que el procedimiento de catalogación preliminar se ha seguido por nuestra parte en el caso aludido (Montevideo 1244/ 1250) de acuerdo a las normas vigentes, como consta en el expediente. Tales normas requieren la previa intervención de los organismos técnicos y del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales con anterioridad a que yo resuelva la eventual inhibición, que se mantiene hasta que la Legislatura decida –afirmativa o negativamente– la protección del bien. Valgan estas líneas como constancia de que no soy ‘un hombre distraído’ como me califica Ud., y que tomo debida nota de publicaciones que, como la suya, hacen imprudentes referencias a mi actuación pública”.
Dejando de lado la vaga amenaza de la última frase, Sabugo deja en claro que no autorizó la demolición porque no puede autorizarlas. Como bien dice, eso es harina de otro ministerio, que parece que lo ninguneó feo al autorizar la demolición sin preguntarle en qué andaba él. Esto no releva a Sabugo de ser un “distraído”: hasta la Subsecretaría de Patrimonio ya se expidió, hasta la fiscalía ya se expidió, hubo marchas en la calle, notas en los diarios, todo tipo de declaraciones, consultas por votos en la Legislatura, y Sabugo se refugia en la razón burocrática para no expedirse ni por sí, ni por no. A los civiles les llama la atención tanta parsimonia y tranquilidad, tal ausencia de urgencia política en inhibir el edificio o declarar que al contrario que Patrimonio –que justifica el más alto grado de protección posible– se piensa que hay que demolerlo nomás.
Qué rara es la vida.
LAS LEYES
Mientras tanto, la Legislatura tiene como tema un pequeño paquete de leyes que se comentaron en la edición anterior de este suplemento amenazable. En la Comisión de Patrimonio se buscó unificarlos, y se están contando votos y pesando argumentos. Uno es del diputado del PRO/Juntos por Buenos Aires Jorge Enríquez, que dice simplemente que se protejan los edificios notables de la lista compilada por el Ministerio de Cultura, cosa que el Ejecutivo debería haber hecho hace rato pero no hizo. Otro, de Teresa de Anchorena y Fernando Caeiro de la Coalición Cívica, pide una emergencia patrimonial de un año para todos los edificios comprendidos en la lista de notables y en el sector costero de la ciudad que sería el famoso Paisaje Cultural de la Humanidad. La idea es lograr un respiro para catalogar rápido y hacer todo lo que no hizo ni quiso hacer el gobierno Telerman.
Hasta estas modestas propuestas ya generan las discusiones políticas de siempre, con la interna de siempre. En los pasillos de la Legislatura ya se habla de que el PRO tendrá problemas hasta para votar el proyecto de su propio diputado Enríquez, dado que se opone una figura poderosa: Daniel Chani, futuro ministro de Planeamiento y Obras Públicas y un convencido de que las ciudades están vivas entre más edificios se cambien. Chani es un íntimo de Mauricio Macri, por lo que se entiende que tenga tanta influencia.
Lo que deja con la cresta caída a más de uno: pese a las promesas de renovación y buena gestión, el futuro gobierno porteño ya está mostrando el síndrome Cultura versus Planeamiento, una maldición eterna del patrimonio porteño. Curiosamente, se resolvería con simplicidad pasando el poder de catalogar e inhibir a Cultura y dejando la obra nueva a Planeamiento.
Estas novedades están generando cierta angustia entre muchos de los que salieron a la calle a salvar edificios, que nada casualmente votaron en por lo menos las mismas proporciones que el resto de los porteños por el PRO. Ya circula una idea en los blog y cadenas de mail: organizar una marcha de protesta contra el PRO si ese partido bloquea las leyes que protejan el patrimonio.
Lo que dice la fiscal
La doctora Daniela Ugolini emitió una actuación sobre el expediente 26089/1 que trata la medida cautelar del edificio de Montevideo 1244/50, que tramita ahora en la Sala 1 de la Cámara porteña. La fiscal acepta que el gobierno porteño apele el amparo desde lo formal, porque fue “interpuesto y fundado en legal tiempo y forma”.
El caso, recuerda la fiscal, fue presentado por Santiago Pusso –de los vecinos de Basta de Demoler– para “que se impida la demolición basado en lo preceptuado por los arts. 26 y 27 de la Constitución de la ciudad”, también se pidió “como medida cautelar se prohíba al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conceder autorización para demoler el inmueble de Montevideo 1244/50”.
Sigue la doctora Ugolini recordando que los legisladores Jorge Enríquez y Teresa de Anchorena se adhirieron a la demanda y que el juez de primera instancia hizo lugar “prohibiendo hasta tanto recaiga sentencia definitiva y firme en estos actuados cualquier modificación, destrucción, demolición y/o cualquier acción que implique alteración alguna del inmueble”. El juez Gallardo justificó su decisión en “la verosimilitud en el derecho invocado que hunde sus raíces en los artículos de la Carta Magna local”.
Ugolini continúa con considerandos jurídicos y afirma que “en relación al peligro en la demora, resulta clara su configuración en las presentes actuaciones, teniendo en cuenta la naturaleza irreparable del perjuicio que podría provocarse de procederse a la demolición del inmueble”. Luego recuerda que la Constitución porteña manda preservar el patrimonio y que la ley 1227 –cajoneada sin pena por el gobierno Telerman y reglamentada sólo por un amparo de legisladores– considera patrimonio a “obras singulares de índole arquitectónica, ingenieril, pictórica, escultórica y otras que sobresalgan por su valor”. Y finalmente informa que según el mismo código de planeamiento, los particulares –como Pusso– tienen derecho a pedir la catalogación de un edificio y a involucrarse en su preservación.
Como ya tramita un pedido de catalogación, la doctora Ugolini concluye que “resulta verosímil la posibilidad de modificación preventiva del catálogo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano y la catalogación del inmueble en cuestión”. Por eso, dice la fiscal, “estimo que la vigencia de la medida cautelar debería extenderse hasta el dictado del acto administrativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano de conformidad al trámite de registro 267 del 23/07/07”.