martes, septiembre 25, 2007

Por el patrimonio cultural de Buenos Aires


Cómo sigue la aventura
Una fiscal se pronuncia sobre Montevideo 1244, un subsecretario se enoja –pero no despierta– y crece el debate en la Legislatura sobre los proyectos para frenar la piqueta. Tiempos interesantes.

Por Sergio Kiernan


El tema patrimonial sigue dando que hablar en un ámbito habituado a ningunearlo, como es el de la política. Por un lado, crece el quórum para proteger el edificio de Montevideo 1244/1250 por vía judicial y por vía legislativa. Por otro, sigue la pelea política por declarar la emergencia patrimonial en la ciudad y proteger activamente un sector de la ciudad. Mientras, se enojó un funcionario y ya está asomando en la futura administración del PRO el clásico de los clásicos: Planeamiento versus Cultura.
Como se sabe, el estupendo petit hotel de los Bemberg en Montevideo frente a la plaza Vicente López iba a ser demolido de apuro cuando los vecinos de Basta de Demoler frenaron la obra con un rápido amparo judicial. El juez Gallardo, igual de rápido y con mucho rigor, hizo lugar y mandó a poner custodia policial (de la comisaría 17, que parece que le está empezando a tomar el gusto a la tarea de cuidar el patrimonio) no sea cosa que se demuela a escondidas.
El amparo fue apelado también rápido por un actor que no debería haberse metido en el tema, el procurador porteño, que por razones cabalísticas parece creer que el amparo lesa a los vecinos y no apenas a la empresa demoledora, que también apeló pero después. El caso, entonces, pasó a la Cámara, que estuvo recogiendo opiniones sobre el edificio y su posible destrucción. Como en todas las cosas de ley, una de las opiniones más esperadas era la de la fiscal de la Cámara, Daniela Ugolini. La letrada se pronunció en un escrito (ver recuadro en la página 3) donde cita antecedentes similares de obras demoradas por amparos, explica las partes relevantes de la Constitución porteña y pone el dedo en el centro al explicar que una demolición es “irreparable”. Por tanto, la doctora Ugolini recomienda que el amparo se sostenga hasta que se decida si el bien es o no es catalogado.
EL TRAMITE
¿En qué anda ese ya famoso trámite? Navegando, pobrecito, en las contradicciones del anómico gobierno Telerman.
Por un lado, esta semana la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la ciudad le giró a la Legislatura su informe de catalogación del edificio en cuestión, que tiene fecha de casi dos semanas después de que se autorizara la demolición (lo que bien podría ser el mismo colmo de las contradicciones). Aun así, el completo informe termina recomendando un grado máximo de protección, algo que ni siquiera se habían animado a pedir en el proyecto de catalogación en la Legislatura.
Por otro lado, está el rol del funcionario enojado, el subsecretario de Planeamiento del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas también de la ciudad, el arquitecto Mario Sabugo. En nota enviada a m2, Sabugo dice “que la autorización de demoliciones no se halla entre las incumbencias de la Subsecretaría de Planeamiento a mi cargo (dentro del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas), sino de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (que corresponde al Ministerio de Gobierno). Por tanto, mal puedo yo haber autorizado esa demolición ni ninguna otra; ni siquiera recibo solicitudes de ese tenor. Entonces no puedo actuar en este aspecto, cómo se permite decir Ud. livianamente, con ‘premeditación y alevosía’. En segundo término, que el procedimiento de catalogación preliminar se ha seguido por nuestra parte en el caso aludido (Montevideo 1244/ 1250) de acuerdo a las normas vigentes, como consta en el expediente. Tales normas requieren la previa intervención de los organismos técnicos y del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales con anterioridad a que yo resuelva la eventual inhibición, que se mantiene hasta que la Legislatura decida –afirmativa o negativamente– la protección del bien. Valgan estas líneas como constancia de que no soy ‘un hombre distraído’ como me califica Ud., y que tomo debida nota de publicaciones que, como la suya, hacen imprudentes referencias a mi actuación pública”.
Dejando de lado la vaga amenaza de la última frase, Sabugo deja en claro que no autorizó la demolición porque no puede autorizarlas. Como bien dice, eso es harina de otro ministerio, que parece que lo ninguneó feo al autorizar la demolición sin preguntarle en qué andaba él. Esto no releva a Sabugo de ser un “distraído”: hasta la Subsecretaría de Patrimonio ya se expidió, hasta la fiscalía ya se expidió, hubo marchas en la calle, notas en los diarios, todo tipo de declaraciones, consultas por votos en la Legislatura, y Sabugo se refugia en la razón burocrática para no expedirse ni por sí, ni por no. A los civiles les llama la atención tanta parsimonia y tranquilidad, tal ausencia de urgencia política en inhibir el edificio o declarar que al contrario que Patrimonio –que justifica el más alto grado de protección posible– se piensa que hay que demolerlo nomás.
Qué rara es la vida.
LAS LEYES
Mientras tanto, la Legislatura tiene como tema un pequeño paquete de leyes que se comentaron en la edición anterior de este suplemento amenazable. En la Comisión de Patrimonio se buscó unificarlos, y se están contando votos y pesando argumentos. Uno es del diputado del PRO/Juntos por Buenos Aires Jorge Enríquez, que dice simplemente que se protejan los edificios notables de la lista compilada por el Ministerio de Cultura, cosa que el Ejecutivo debería haber hecho hace rato pero no hizo. Otro, de Teresa de Anchorena y Fernando Caeiro de la Coalición Cívica, pide una emergencia patrimonial de un año para todos los edificios comprendidos en la lista de notables y en el sector costero de la ciudad que sería el famoso Paisaje Cultural de la Humanidad. La idea es lograr un respiro para catalogar rápido y hacer todo lo que no hizo ni quiso hacer el gobierno Telerman.
Hasta estas modestas propuestas ya generan las discusiones políticas de siempre, con la interna de siempre. En los pasillos de la Legislatura ya se habla de que el PRO tendrá problemas hasta para votar el proyecto de su propio diputado Enríquez, dado que se opone una figura poderosa: Daniel Chani, futuro ministro de Planeamiento y Obras Públicas y un convencido de que las ciudades están vivas entre más edificios se cambien. Chani es un íntimo de Mauricio Macri, por lo que se entiende que tenga tanta influencia.
Lo que deja con la cresta caída a más de uno: pese a las promesas de renovación y buena gestión, el futuro gobierno porteño ya está mostrando el síndrome Cultura versus Planeamiento, una maldición eterna del patrimonio porteño. Curiosamente, se resolvería con simplicidad pasando el poder de catalogar e inhibir a Cultura y dejando la obra nueva a Planeamiento.
Estas novedades están generando cierta angustia entre muchos de los que salieron a la calle a salvar edificios, que nada casualmente votaron en por lo menos las mismas proporciones que el resto de los porteños por el PRO. Ya circula una idea en los blog y cadenas de mail: organizar una marcha de protesta contra el PRO si ese partido bloquea las leyes que protejan el patrimonio.
Lo que dice la fiscal
La doctora Daniela Ugolini emitió una actuación sobre el expediente 26089/1 que trata la medida cautelar del edificio de Montevideo 1244/50, que tramita ahora en la Sala 1 de la Cámara porteña. La fiscal acepta que el gobierno porteño apele el amparo desde lo formal, porque fue “interpuesto y fundado en legal tiempo y forma”.
El caso, recuerda la fiscal, fue presentado por Santiago Pusso –de los vecinos de Basta de Demoler– para “que se impida la demolición basado en lo preceptuado por los arts. 26 y 27 de la Constitución de la ciudad”, también se pidió “como medida cautelar se prohíba al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conceder autorización para demoler el inmueble de Montevideo 1244/50”.
Sigue la doctora Ugolini recordando que los legisladores Jorge Enríquez y Teresa de Anchorena se adhirieron a la demanda y que el juez de primera instancia hizo lugar “prohibiendo hasta tanto recaiga sentencia definitiva y firme en estos actuados cualquier modificación, destrucción, demolición y/o cualquier acción que implique alteración alguna del inmueble”. El juez Gallardo justificó su decisión en “la verosimilitud en el derecho invocado que hunde sus raíces en los artículos de la Carta Magna local”.
Ugolini continúa con considerandos jurídicos y afirma que “en relación al peligro en la demora, resulta clara su configuración en las presentes actuaciones, teniendo en cuenta la naturaleza irreparable del perjuicio que podría provocarse de procederse a la demolición del inmueble”. Luego recuerda que la Constitución porteña manda preservar el patrimonio y que la ley 1227 –cajoneada sin pena por el gobierno Telerman y reglamentada sólo por un amparo de legisladores– considera patrimonio a “obras singulares de índole arquitectónica, ingenieril, pictórica, escultórica y otras que sobresalgan por su valor”. Y finalmente informa que según el mismo código de planeamiento, los particulares –como Pusso– tienen derecho a pedir la catalogación de un edificio y a involucrarse en su preservación.
Como ya tramita un pedido de catalogación, la doctora Ugolini concluye que “resulta verosímil la posibilidad de modificación preventiva del catálogo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano y la catalogación del inmueble en cuestión”. Por eso, dice la fiscal, “estimo que la vigencia de la medida cautelar debería extenderse hasta el dictado del acto administrativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano de conformidad al trámite de registro 267 del 23/07/07”.

lunes, septiembre 17, 2007

EDITORIAL LA NACION 17 de setiembre de 2007

¿Preservación o construcción?
Urbanistas y ciudadanos que aman ciertas fisonomías peculiares de nuestra ciudad defienden la preservación del aún riquísimo patrimonio arquitectónico porteño, amenazado por el auge de la construcción y las consiguientes demoliciones que esa tendencia provoca. Mientras no sea tomada una decisión al respecto y no se la haga respetar a rajatabla, habrá que seguir resignándose a ser testigo impotente de la paulatina desaparición de irreemplazables testimonios de la historia urbana.
La discusión no es nueva. Comenzó, es probable, cuando en pleno siglo XIX el intendente Torcuato de Alvear dispuso demoler la antigua recova que cortaba en dos la Plaza de Mayo y horadar las manzanas ubicadas entre las calles Rivadavia e Hipólito Yrigoyen (Victoria, en aquel entonces) con objeto de darle su traza a la Avenida de Mayo. Continuó con la apertura de la entonces denominada avenida Norte-Sur (hoy, 9 de Julio), postergada por causa de esas discusiones hasta después de la edificación del Obelisco y la plaza de la República. Más tarde, esa controversia se posó sobre el destino del Barrio Sur, o sea San Telmo y Monserrat.
Y ahora se ha extendido a Recoleta, donde grupos de vecinos se han movilizado para impedir la desaparición de petit hoteles de la más acentuada concepción francesa; a Caballito, cuyos residentes abominan de los edificios torre y defienden las casas de una o dos plantas, y a otras zonas en las cuales también se aspira a mantener la fisonomía netamente barrial.
Tan dilatada cuestión se explica porque las normas que rigen la preservación nunca han sido claras, concretas ni de alcance generalizado para todos por igual. Entretanto, las autoridades y los funcionarios no se preocuparon en exceso por promoverla: al contrario, prevalecieron la indolencia y las interesadas excepciones a sus términos. No se trata, por cierto, de oponerle trabas al progreso. Sí, de encuadrarlo en términos de razonabilidad que tengan en cuenta, por ejemplo, que la diversidad de estilos arquitectónicos -un auténtico "catálogo", se ha sabido decir- es uno de los mayores atractivos de esta Buenos Aires que, hoy por hoy, está segunda en el cuadro de las posiciones de las preferencias del turismo mundial.
Desde la declaración de la autonomía de la ciudad se ha ido demorando de un año para el otro el tratamiento legislativo y, por ende, la aplicación definitiva del Plan Urbano Ambiental, que debería estar vigente desde hace varios años. Tampoco han sido aplicadas a conciencia las normas vinculadas con esta cuestión, lo cual ha dado como resultado la falta de una escala de valores preservables unificada y, en su marco, qué se debería preservar y cómo hacerlo. Nuestro patrimonio arquitectónico, al igual que el de cualquier otra parte del país o del resto del mundo, forma parte no sólo de la cultura sino de la memoria colectiva. Dejar que se vaya deteriorando o, peor, que sea destruido, como ocurre en la actualidad, equivale a conspirar contra la integridad de ese acervo que, de por sí, ya ha sido muy maltratado por desidias incomprensibles y desconocimientos casi siempre interesados.
Hasta la Legislatura local se ha conmovido por esta cuestión para nada intrascendente. Por lo menos dos proyectos, suscriptos por Fernando Caeiro y Jorge Enríquez, respectivamente, se han ocupado de ella. El primero aboga por la declaración de emergencia patrimonial de la ciudad, por el término de 365 días, y la suspensión de las demoliciones de inmuebles cuyos planos estén registrados antes del 31 de diciembre de 1941; el segundo, entretanto, promueve la suspensión del derribo de los edificios que figuran en el inventario del Ministerio de Cultura porteño. Se trata de dos iniciativas sensatas y atendibles. Bien merecerían, pues, ser tenidas en cuenta para dar pie a un debate abierto, desinteresado, documentado, totalizador y, por supuesto, definitivo. Nueva York, sin ir más lejos, cuenta con alrededor de 30.000 -o más- inmuebles protegidos. Abundan en todo el mundo los ejemplos de áreas urbanas íntegras sometidas a rigurosa preservación para mantenerlas como testimonios de una época o una situación determinadas. Nuestra ciudad ha sido beneficiada con la posesión de un patrimonio arquitectónico tan rico y abundante que hasta ha podido capear con cierto éxito muchísimas décadas de destrucciones y abandonos. Es probable que la solución pase por ese punto medio en el cual reside la virtud.
No se trata de invalidar el progreso ni, mucho menos, de plantear trabas a la industria de la construcción de viviendas. Sí, en cambio, de que ésta no se desarrolle a tontas y locas, aceptando claras reglas de juego e incluyendo el análisis pormenorizado de cada proyecto, realizado con anterioridad a cualquier clase de demolición, a fin de que los testimonios valiosos de nuestro pasado sigan en pie y se les evite el riesgo de convertirse en apenas un melancólico recuerdo.