Un jueves para la historia

Por Sergio Kiernan

Si el Señor de los cielos –que es arquitecto– y la Legislatura así lo disponen, este jueves habrá sesión y se votará al fin la extensión de la ley 2548. Entre feriados y distracciones diversas, hace tres semanas que los diputados porteños no se reúnen para votar lo que puede ser el nacimiento de una legislación seria para nuestro patrimonio edificado. Así, este jueves puede ser fundacional de un sistema, un futuro código específico y hasta instituciones urbanas. O sea, la definición de diccionario del trabajo legislativo.

La 2548 ya rige en un amplio polígono de Buenos Aires, impidiendo que se demuelan así nomás los edificios anteriores a 1941. Hasta la ley, nada impedía cargarse edificios patrimoniales que no estuvieran catalogados. Pero catalogar un edificio resultaba más difícil que hablar urdu porque la ley fue construida especialmente para que se conserve poco y nada. El pobre vecino que quería catalogar una casa tenía que buscarse un diputado amigable, iniciar el trámite, ir a las audiencias abiertas, hinchar por una votación y, luego, volver a empezar todo. Eso es lo que se llama doble lectura.

Esta ley, sancionada en diciembre de 2007, dio vuelta el sistema, ya que declara que todo edificio construido hasta 1940 está en principio inhibido y protegido. Quien quiera demolerlo tiene él que hacer el trámite. Y a no quejarse, porque el trámite bajo la 2548 es mucho más simple y rápido que una catalogación. Es que interviene el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales –descripto en detalle en nuestra última edición– que tiene un plazo perentorio para contestar si el predio en cuestión es catalogable o no. Si dice que no, el expediente vuelve al Ejecutivo y retoma un trámite normal. Si dice que sí, arranca el de doble lectura en la Legislatura.

La prueba piloto en el sector de la ciudad donde ya rige la ley fue exitosa. No sólo el sector de la construcción no entró en crisis por la protección patrimonial, sino que la energía del Ejecutivo permitió crear un alto grado de seguridad jurídica para las empresas. Es que los ministerios de Planeamiento y Cultura comenzaron proactivamente a compilar catálogos de edificios a catalogar. Ya están terminados los de la zona norte y el centro y, si hay fondos en el futuro inmediato, se iniciarán los de la zona sur, donde igual ya llegan cédulas informando a los vecinos que sus propiedades fueron incluidas en el Catálogo Preventivo. De este modo no hay sorpresas ya a la hora de comprar, porque estas prevenciones quedan registradas como inhibiciones.

Lo que se votará este jueves es simplemente ampliar este sistema a toda la ciudad durante dos años, cosa que se pueda preservar el patrimonio urbano de un modo ordenado y no exista esta rara situación de dos regímenes legales diferentes en una misma ciudad. La idea ya hizo todo el recorrido de comisiones dentro de la Legislatura y los bloques principales ya dijeron explícitamente que la votarán sin problemas.

Esto muestra una gran madurez y la capacidad de ignorar lobbies bastante torpes como el organizado por el CPAU, el colegio de arquitectos y urbanistas que emite matrículas y funciona como representante de las grandes constructoras. De toda la clase profesional, el CPAU fue la única institución en concluir en que los límites legales a la piqueta son un peligro, postura ideológica común a la docena redonda de los mayores estudios, los que hacen megashoppings y torres, necesitan mano libre para destruir edificios y detestan por principio las leyes patrimoniales.

Los argumentos repiten pavadas como que la ciudad “debe seguir viva” e inventan números enormes de edificios a preservar, sin dar jamás fuentes. Una ciudad como Buenos Aires no puede ser un museo ni queriendo: es materialmente imposible. Pero las grandes constructoras saben que sus grandes clientes quieren ubicación, esto es zona norte, donde también casi lo único que queda para construir son edificios patrimoniales a demoler. El CPAU además traiciona los intereses concretos de sus miembros menos millonarios y poderosos, que se benefician directamente de una ciudad con alturas más bajas y edificios catalogados. Es que demoler y alzar torres es un negocio de grandes capitales, reservados a empresarios de porte que tienen a los arquitectos como empleados. Hacer obras más chicas, reciclar y reutilizar, restaurar y vender son negocios de menor capital, que permiten la subsistencia de los arquitectos independientes.

Estos son los intereses económicos detrás de los lobbies que apretaron en la Legislatura para frenar la ley de patrimonio. El resultado de esta legislación no será la muerte de ningún sector económico sino un cambio de énfasis. Por ejemplo, llevar el eje de la construcción a las grandes zonas de la ciudad que casi no tienen densidad, sobre todo en el cuadrante suroeste. Esto es un objetivo histórico que nunca se cumplió porque el negocio pasa, como se dijo, por la ubicación.

Cuando se preservaron las grandes ciudades del mundo hubo el mismo tipo de protestas del mismo tipo de grandes empresas. Lo que tienen en común es el concepto amazónico de la ciudad: lo único que se les ocurre es destruir una parte, arruinarla, hacer su negocio e irse. Esto es incivil e incivilizado, y se cae de viejo. Este jueves tenemos los porteños la chance de mostrar que ya pasamos esa etapa de nuestra historia y estamos abriendo otra.