una nueva perdida irreparable

TENEMOS LEY DE PATRIMONIO

M2Sábado, 24 de Noviembre de 2007

Por Sergio Kiernan

Este jueves fue un gran día: la Legislatura porteña votó la más abarcativa ley de patrimonio en la historia de nuestra Ciudad. No es un régimen total, no abarca todo Buenos Aires, no tiene el rigor que mostró Rosario, pero es un formidable paso adelante en la preservación de nuestros mejores edificios, la seguridad jurídica para toda una industria y un límite al caos constructivo. La ley crea un mecanismo que abarca a los casi 3000 edificios de la lista de Representativos, el puñado de premios municipales que no fueron demolidos y un número muy grande de edificios patrimoniales en el gran polígono que inventó Jorge Telerman en su absurda propuesta de Paisaje Cultural de la Humanidad ante la Unesco. La ley es también la graduación de la temática patrimonial del campo de la cultura –o de los sueños– al de la política concreta. Y es un pequeño milagro.
Al fin una alegría.
La ley
Lo que se votó en la tardía sesión del jueves a la noche fue un texto negociado paso a paso en tres comisiones. La iniciativa surgió en la comisión de Patrimonio que preside Teresa de Anchorena y forman María Eugenia Estenssoro, ambas de la Coalición Cívica, Juan Manuel Olmos y Chango Farías Gómez, del Frente para la Victoria, Marta Agostini de Varela, de Recrear, y Alvaro González, del PRO. El despacho que aprobaron estos legisladores reunía varias ideas y creaba una zona de exclusión en el Paisaje Cultural de la costa porteña, de La Boca a Núñez, donde se protegían todos los edificios anteriores al 31 de diciembre de 1941. A este amplio universo se le agregaba la lista de Edificios Representativos que el gobierno porteño reunió, tal vez para otro libro, pero que nunca movió un dedo para proteger. Y también menos de un centenar de sobrevivientes de la tan demolida lista de premios municipales de arquitectura.
Todo esto se hacía bajo el paraguas de la Emergencia Patrimonial y por un plazo de 180 días, en el que se congelaban todas las demoliciones y reformas drásticas. En un plazo de 120 días, el gobierno porteño tenía que presentar una propuesta de qué catalogar y qué liberar. Nada de esto alteraba los regímenes que protegen, mal que mal, al patrimonio en las Areas de Protección Histórica o lo que ya está catalogado.
El despacho pasó sin mayores sobresaltos por la comisión de Cultura pero comenzó a trabarse en la de Planeamiento, pese a que su presidente, Alvaro González, del PRO, ya la había votado en Planeamiento. Esto era de esperar, ya que el tema patrimonio este año se había politizado en el sano sentido de pasar a ser algo más en la vida política de la Ciudad, y por tanto en varios radares. Hubo que negociar, con participación e input del inminente Ejecutivo que asume el 10 de diciembre.
Lo que terminó ocurriendo fue que se aprobó un despacho de minoría que, con acuerdo de partes, terminó siendo votado este jueves por 38 a favor, nadie en contra y una abstención.
El acuerdo fue que se eliminara la Emergencia Patrimonial, que suena grave y además puede crear intríngulis legales de difícil manejo. El plazo de la ley se extiende a un año, el doble del original y crea un mecanismo más simple y a la vez más difuso. Todo edificio de las dos listas –premios y representativos– está automáticamente inhibido y no puede ser demolido. En el polígono, quedan en igual situación todos los construidos antes del 31 de diciembre de 1941. Quien quiera demolerlos o reformarlos tiene que seguir un trámite especial, que consiste en pedirle permiso a un ente paraestatal poco conocido, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Este CAAP tiene treinta días para pronunciarse de un modo simple, por sí o por no, sin necesidad de grandes estudios o gordas carpetas, sobre una cuestión muy simple: ¿el edificio que se quiere demoler es patrimonial? Si la respuesta es no, se gira el trámite a la Dgfoc del Ministerio de Planeamiento para que se autorice la demolición. Si la respuesta es no, la Dgfoc tiene que inhibir el terreno y presentar el pedido de catalogación permanente a la Legislatura.
Irónicamente, las constructoras pueden generar una lluvia de catalogaciones al pedir permisos para destruir el patrimonio.
El Consejo
El CAAP reúne actores diversos en el tema patrimonial, fue creado por Ordenanza Municipal en 1998 y confirmado por ley de la Legislatura en agosto de 2006. Lo forman un representante de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura, otro de la Comisión de Patrimonio, otro del Ministerio de Cultura porteño y otro de la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad. Están invitadas a participar la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, la FADU-UBA, la Sociedad Central de Arquitectos, el Comité Argentino del Icomos, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio Cicop, el Instituto Argentino de investigación de Historia de la Arquitectura y Urbanismo, y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.
Sus miembros actuales son Néstor Sakim, Eduardo Fernández Aguirre, Manuel Villa, Carlos Susini Burmester, Alicia Magdij, Oscar González, Juan Felipe Manavella, Martín Gómez, Norberto D’Andrea, Liliana Barela, Jorge Mallo, Laura Weber, Beatriz Patti, Elsa Pental, Alicia Santaló, Emilio Rivoira y Nora Galli.
La política
Esta ley y este mecanismo son producto de haber llegado al fin a la etapa en que el patrimonio es un ítem en la agenda política de la Ciudad. Así como la seguridad, la salud, el tránsito y la educación son temas de plataforma con los que se ganan y pierden votos, ahora hay que hablar de temas antes “técnicos” como zonificaciones, FOTs, alturas máximas, densidad poblacional y preservación. Esta situación se fue formando por el abuso sistemático del espacio común que es la ciudad que no encontró canal en los representantes. Los ciudadanos comenzaron abrazando al Botánico para que no lo privaticen y llenen de carteles, y terminaron autoconvocados en varios barrios para detener torres.
Por alguna razón de timing y estilo, este año la gran diferencia la hizo un grupo llamado drásticamente Basta de Demoler, que comenzó a protestar airadamente por la demolición sistemática y cada vez más acelerada de algunos de los mejores edificios porteños, los petit hoteles de la zona norte y Recoleta. Barrios de lujo fundados hace un siglo, cuando el lujo argentino era francés y realmente lujoso, Recoleta y en general la zona norte tuvieron verdaderos tesoros arquitectónicos. Buena parte desapareció y fue reemplazada por tonteras de hormigón que hicieron ricos a algunos y degradaron la ciudad.
Basta de Demoler tocó una fibra de los porteños, esa que dice “al fin alguien hace algo”. Lograron un hito con el fallo de la Justicia porteña que amparó la residencia Bemberg en Montevideo 1250, frente a la plaza Vicente López, y resultó tajante en dos sentidos: en culpar claramente al gobierno porteño por su conducta “errática” en cuanto al patrimonio, y en afirmar, en doble instancia, que todo edificio que esté remotamente en trámite de protección por su valor histórico no puede ser demolido. La cobardía del gobierno porteño permitía que mientras la Legislatura trataba una catalogación, el ministerio de Planeamiento, hogar de la piqueta, permitiera demoler sin pausas. Para cuando los diputados veían el tema, el edificio ya no existía.
El fallo dejó al descubierto que la industria de la construcción no puede vivir de la picardía y de las hesitaciones interesadas del gobierno porteño. La empresa que compró el palacio Bemberg lo pagó a un precio de demolición y ahora tendrá que mostrar un ingenio escaso por estas costas para recuperar su inversión. El mecanismo creado este jueves evitará avivadas y también quiebras, y tiene el potencial de ser menos corruptible que la confusión actual.
En fin, un logro que puede ser el principio de un sistema racional que abarque a toda la ciudad y fue el resultado del esfuerzo de vecinos y políticos con principios, de equipos técnicos capaces y de jueces que dieron el ejemplo. Hay esperanza.
Las chicas superpoderosas son hijas del rigor
La ministra de Cultura porteña, Silvia Fajre, adora los libros y las inauguraciones. Su subsecretaria de Patrimonio, María de las Nieves Arias Incollá, adora los congresos internacionales de preservación y patrimonio, los libros y las inauguraciones. Ambas detestan pelearse con cualquiera que tenga algún interés económico y todavía más que se enoje su jefe, Jorge Telerman, hombre convencido de que el progresismo bien entendido no toca ranchos ajenos. No extraña que las Chicas Superpoderosas parezcan moverse sólo a fuerza de recursos de amparo, como el que logró que sacaran del cajón la ley 1227, de Patrimonio, que Fajre presentaba como un logro personal pero nunca reglamentó. Frente a la disyuntiva de tener que explicarse ante un juez, lo hicieron rapidito.
Lo mismo acaba de ocurrir con otro “olvido” surgido del mismo cajón. Resulta que la 1227 también le ordenaba a Arias Incollá crear una Unidad Técnica de Coordinación Integral, Catálogos, Registros e Inventarios, de modo que alguna vez se supiera qué había para cuidar en la ciudad. En el contexto de la ley de patrimonio, la Unidad tenía la obligación de fijar el universo de lugares, edificios y objetos a preservar, como base para pedir catalogaciones y protecciones diversas. Nunca ocurrió.
En agosto, Arias Incollá tuvo que contestar un pedido de informes que le hizo la Legislatura, que se preguntaba cordialmente qué había hecho en estos cuatro años. La funcionaria, que es miembro de cuanto grupo internacional de patrimonio organice congresos en lugares bonitos e interesantes, contestó vagamente que la Unidad existía y que se dedicaba a reunir informaciones sobre patrimonio. Como esto suena a un grupo editorial que se dedica a reunir material para los libros que Arias Incollá y Fajre aman editar, y no a proteger el patrimonio como sería su obligación, al pedido de informes le siguió algo un poco más rotundo.
El abogado Diego Hickethier presentó un amparo ante la Justicia porteña en nombre de la diputada Teresa de Anchorena, presidente de la comisión de Patrimonio de la Legislatura. Se le explicaba a la Justicia la historia del pedido de informes, se le transmitían las vaguedades contestadas y se contaban las obligaciones que la Constitución porteña le crean al Ministerio de Cultura. Obligaciones que Arias Incollá esquiva hasta por escrito, tal el terror que le tiene al Ministerio de Planeamiento.
El apriete legal funcionó. El 18 de octubre fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad la resolución 3049 de la subsecretaría, cumplida y archivada por Arias Incollá, en la que la funcionaria crea la Unidad Técnica en los términos de la ley 1227 y los decretos y resoluciones que la reglamentan. La misma resolución afirma que la Unidad no crea nuevos inventarios, ni los actualiza, sino que reúne los que realiza la Ciudad en sus infinitas reparticiones como una herramienta. ¿Y para qué sirve esa herramienta? Para “la investigación, preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras” del patrimonio.
Y no sólo para hacer libros, aunque el último que editaron las Chicas Superpoderosas permite verlas bajo un ángulo diferente. Resulta que todo el talento y voluntad política que Fajre y Arias Incollá no tienen en la defensa del patrimonio sí la tienen en el humorismo. “Sitios de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 1994-2004” es un catálogo de 288 páginas de todo tipo de edificios, lugares e instituciones así declarados por el Ejecutivo porteño. El primer factor de humor es la cantidad de ruinas que pertenecen a la misma ciudad y nunca fueron reparadas, como el Mirador Comastri, pero figuran en el libro. El segundo, y mayor, es la graciosísima, increíble, versión en inglés que acompaña a cada texto del libro. Toda persona que hable inglés en esta ilustre ciudad debe ya conseguirse una copia de este libro, seguramente en venta en el edificio de La Prensa, y compartirlo en familia. Son horas de risas para grandes y chicos. Gracias al profesor Utonio.
Cómo usar la ley
En nuestra próxima edición, m2 presentará un pequeño manual sobre cómo usar esta ley para preservar edificios en su barrio, con un mapa de las zonas de aplicación, links a las listas de edificios representativos y premiados, y una explicación sencilla de cómo pedir como vecino particular la catalogación de un edificio histórico.

LA FALTA DE FISCALIZACION ADECUADA Y LOS DERRUMBES

Por Marcelo Capelluto (*) y Margarita Fornasero (**)

Los derrumbes ocurridos durante el corriente año en distintos barrios de la Ciudad como consecuencia del boom de la construcción y la especulación inmobiliaria, revelan los graves problemas de infraestructura, la imprevisión de las constructoras, sumada a los controles ineficientes en lo que hace al ejercicio de la policía estatal, poniendo en situación de riesgo a las propiedades linderas a las obras en construcción.

En un PH de Dorrego 1653, se cayó un pasillo de la vivienda y dejó aislados a sus ocupantes. El incidente se produjo medianera de por medio con un edificio en construcción. Algo similar ocurrió en un local comercial de avenida Juan B. Justo al 2300. El 6 de marzo pasado, en el barrio porteño de Boedo, se derrumbaron el patio y la cocina de una casa situada al lado de una obra en construcción sobre la calle Castro Barros al 1600. Se dijo que las lluvias habrían hecho ceder el terreno de la obra, lo que hizo que cayeran las paredes de la casa. Otros nueve episodios ocurridos en los últimos años, a saber: en Cuba 1881, Cabildo 4566, Cabello 3853, Iberá 6065, Tronador 2835, Morón 3265, Gorriti 6040, Allende 4011 y Rivadavia 3707/15. El caso más resonante ocurrió en el barrio de Caballito cuando se vino abajo la medianera de una casa situada en la calle Pedro Goyena y Thorne, provocando varios heridos. El Código de Edificación y el Código de Planeamiento determinan que el responsable civil y penal de la obra es el profesional matriculado.

La problemática actual no surge de una planificación, sino surge de una especulación constructora e inmobiliaria, que están cercando a los barrios de casas bajas con la construcción de torres y edificios, atentando contra la fisonomía de los barrios, y su patrimonio histórico y cultural. Esta falta de planificación se ve no sólo en la inexistencia de estudios de incidencia ambiental, en la inexistencia de evaluaciones de impacto ambiental, realizadas por las autoridades, y por la improvisación de aquellos profesionales, que para abaratar costos y como consecuencia de su mala praxis; viviendas que lindan con obras en construcción, sufrieron derrumbes parciales, hechos que cuentan con antecedentes cada vez más reiterados desde que se desató la fiebre de la construcción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esto se desprende que no se realizarían los controles de rigor adecuados, y si se realizan estos controles, se los hace mal. El control de las construcciones forma parte del poder de policía que tienen las autoridades porteñas, el cual debe ejercerse buscando resguardar la integridad física de las personas y enriquecer la calidad de vida de quienes habitamos la Ciudad de Buenos Aires.

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires de mediados de 2006, pone en evidencia las posibles irregularidades existentes en el órgano de control de las construcciones: la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC): nos habla de falta de seguimiento de denuncias, trámites incompletos, obras en ejecución que no reúnen todos los requisitos. “Patricio Pons, vecino de Caballito, hizo denuncias y no le hicieron caso hasta que un día la pared se cayó. Igualmente personal de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro del gobierno porteño había venido a mi casa y dijo que todo estaba bien"[1] .

La Cámara de Demoledores y Excavadores de la República Argentina (C.D.E.R.A), viene denunciando la existencia de empresas clandestinas de demolición y esto se da por la inexistencia de un marco regulatorio para que este tipo de empresas no sigan trabajando sin habilitación, para ello debe existir un registro de empresas demoledoras y excavadoras que otorgue matrículas obligatorias para que la actividad esté reglamentada y, así, evitar que se sigan produciendo accidentes.

El director del Ente Regulador de la Ciudad sostuvo que es necesario “ponerle límites y controles a la construcción indiscriminada de torres”. Es una decisión política: no quieren afectar el boom de la construcción. Pero el gobierno de la Ciudad tiene la responsabilidad de direccionar la construcción hacia donde hace falta. No puede ser que el diseño de la Ciudad esté en manos de la especulación inmobiliaria

Por ello, los vecinos de la Red Verde Ciudadana reclaman medidas urgentes:
Traspaso de la DGFOC a Planeamiento Urbano: no pude ser que el área que planifica la Ciudad no se comunique con la que autoriza las obras.
Accesibilidad a los expedientes de la DGFOC: dicha Dirección no tiene un procedimiento claro, lo que complica la posibilidad de que cualquier habitante acceda a la vista del expediente, lo que afecta el derecho a la información ambiental.
Suspensión efectiva de las obras irregulares.
Efectivización de las notificaciones a los Consejos Profesionales de aquellos profesionales que hubieran cometido irregularidades.
Limitación de la cantidad de obras que se realizan de manera simultánea en una misma zona.
La construcción indiscriminada de edificios, sin planeamiento adecuado y control eficiente es una bomba de tiempo que nos puede estallar y dañar considerablemente. Debemos prevenir y no esperar el agravamiento de la situación. Es evidente que hubo fallas técnicas. Los derrumbes no son casualidad. Una de las funciones básicas de las autoridades urbanas es la supervisión de las construcciones que realizan los particulares. Esta labor de vigilancia debe llevarse adelante de un modo regular, a fin de que se prevengan las fallas que ocasionan derrumbes.






(*) El Dr. Marcelo Fabián Capelluto es Abogado, Procurador y Docente Universitario (UBA)
(**) La Dra. Elsa Margarita Fornasero es Abogada, Procuradora y Docente Universitaria, con el cargo de Adjunta regular en la Facultad de Derecho de la UBA.
[1] La Nación 27/03/07

Citar: elDial - DCC8A
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